Por Laressa Bachelor

Para Olivia, el 12 de diciembre de 2006 comenzó como cualquier otro día. Ella dio un beso a su bebe de 6 meses de edad, empacó su almuerzo y se fue a trabajar a la planta procesadora de carne Swift & Co. en Greeley.

Poco después de comenzar su turno, un supervisor avisó a los empleados del sector de descontaminación de carne que era la hora de descanso. Al llegar a la cafetería Olivia se dió cuenta que en realidad esto era una redada de inmigración.

"Un agente se paró encima de una mesa y dijo, 'Este es un regalo de navidad para ustedes los que no tienen papeles', dijo Olivia (no utilizamos los apellidos de los afectados para proteger su identidad). "A mi me dio mucho miedo porque pensé que no iba a volver a ver a mi hijo y a mi esposo".

Sylvia Martinez
Sylvia Martinez (Theo Stroomer)

Tres años después, los efectos de la redada del 2006 en Greeley todavía se sienten. Muchas familias apenas tienen que comer y viven en limbo, sin saber si su próxima cita en la corte resultará en un permiso de trabajo o la deportación. La mayoría viven con miedo a que en cualquier momento alguien venga a arrestar a sus seres queridos.

El operativo aterrorizó a la comunidad inmigrante latina en Greeley. La activista Sylvia Martinez dijo que los que estaban en la iglesia católica Nuestra Señora de La Paz celebrando el día de la Virgen de Guadalupe salieron a la carrera o se ocultaron en el sótano.

Cerca del mediodía, ella fue a la planta para ver si podía conseguir información acerca de los arrestados.
"Vi a buses llevándose a personas como si fueran animales, esposados, atados de pies y manos", señaló. "Era tan devastador ver niños llorando por sus papás, mujeres por sus esposos, hombres por sus esposas. No sabíamos a quien se habían llevado, a donde, o a cuantos". 

José abraza a su esposa Brenda en su casa en Greeley, mientras que su hija Kenia se esconde detras de ellos.
José abraza a su esposa Brenda en su casa en Greeley, mientras que su hija Kenia se esconde detras de ellos. (Theo Stroomer)

Por más de tres horas, agentes del Servicio Policial de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) interrogaron a 800 trabajadores de Swift & Co. (ahora parte de JBS), incluyendo a muchos que estaban legalmente en el país.

Olivia estaba entre las 265 personas que fueron arrestadas y acusadas de trabajar ilegalmente en el país.
Algunos fueron deportados esa misma noche sin tener la oportunidad de llamar a su familia o tener una audiencia ante un juez. Otros salieron en libertad condicional, mientras que varios fueron trasladados a centros de detención en Denver y El Paso, Texas. Por un mes y medio nadie realmente sabia cuantos empleados habían sido arrestados o cuantos habían sido deportados.

Víctor junto a su esposa Claudia y el director de Al Frente de Lucha, Ricardo Romero, hablan sobre las actividades planeadas para el fin de año en el
Víctor junto a su esposa Claudia y el director de Al Frente de Lucha, Ricardo Romero, hablan sobre las actividades planeadas para el fin de año en el centro en Greeley el 17 de noviembre de 2009. (Theo Stroomer)

Tras el operativo, 19 personas fueron formalmente acusadas de robo de identidad por el fiscal del Condado Weld Ken Buck. En una conferencia de prensa en enero del 2007, Buck dijo que había pedido la intervención de ICE después de realizar una investigación de la lista de empleados de Swift con el fin de encontrar sospechosos de robo de identidad.

El operativo en Greeley coincidió con acciones simultaneas en plantas de Swift & Co. en Texas, Nebraska, Minnesota, Iowa y Utah. En total, ICE interrogó a más de 12 mil personas y detuvo a 1.200. 

 El monseñor Bernie Schmitz dirige una parte del servicio en la iglesia Nuestra Señora de la Paz en Greeley el 14 de noviembre de 2009. Schmitz era el
El monseñor Bernie Schmitz dirige una parte del servicio en la iglesia Nuestra Señora de la Paz en Greeley el 14 de noviembre de 2009. Schmitz era el pastor de la iglesia cuando sucedieron las redadas el 2006. Ahora sirve en Denver. (Theo Stroomer)

Olivia salió en libertad condicional esa misma noche, pero eso fue solo el comienzo de tres años de sufrimiento para su familia. Ella, junto a su esposo, Isaías, y su hijo, Eric, viven en la casa de su cuñado. Sin papeles, ellos no pueden encontrar trabajo, así que dependen casi un 100 por ciento de la ayuda que reciben de familiares y de Al Frente de Lucha, una organización comunitaria que ha asistido a las familias afectadas por las redadas en Greeley desde el 2006.

El día de las redadas en Swift, cinco personas que vivían en la casa de Olivia fueron arrestadas, incluyendo a tres de los hermanos de Isaías, uno que tenía un permiso de trabajo. Los dos que no tenían papeles eventualmente regresaron a Guatemala.

Olivia Pérez y su hijo, Eric, en su casa en Greeley el 17 de noviembre de 2009. Olivia fue detenida durante las redadas en el 2006.
Olivia Pérez y su hijo, Eric, en su casa en Greeley el 17 de noviembre de 2009. Olivia fue detenida durante las redadas en el 2006. (Theo Stroomer)

Isaías dijo que todos ahora tienen miedo de salir a la calle porque no quieren pasar por lo que pasaron sus hermanos que fueron "tratados como terroristas" por los agentes de ICE.

Brenda comparte ese miedo. En el transcurso de 4 años su esposo, José, quien ha vivido en Colorado por más de 13 años, ha sido arrestado dos veces. Una en el 2006 en Swift y la otra en el 2008.

"Ya me da miedo hasta contestar la puerta", señaló Brenda. "Uno no sabe ni la hora, ni el momento en que puede pasar, y en cada caso tenemos que pagar más de mil dólares de fianza".

En el 2006, a solo un mes de casados, José fue arrestado durante el operativo en la planta Swift. Después de esposarlo, lo llevaron junto a otros trabajadores a una bodega grande en Aurora para que sean procesados. El dijo que todos los arrestados pasaron todo el día hasta la una de la madrugada dentro del bus, esposados.
Ninguno tuvo la oportunidad de llamar a su familia hasta tres días después. 

"Nos pusieron a 40 de nosotros en un cuarto por más de 24 horas, uno no podía ni dormir. Nos dábamos turnos, unos se paraban mientras que otros se sentaban para dormir", dijo José. "No estaban preparados para recibir a tanta gente de golpe".

A diferencia de la mayoría de los inmigrantes arrestados, José habla inglés y utilizó sus habilidades para averiguar que iba a pasar con sus compañeros, pero los oficiales no le dieron ningún tipo de información.
"Estaba preocupado porque pensé que si ellos tenían mi expediente y mi dirección tal vez iban a ir a mi casa a buscar a mi esposa y arrestarla a ella y a la niña", dijo.

José pasó la navidad y el año nuevo en la cárcel.

Para ese entonces Brenda se enteró que estaba embarazada, lo cual tuvo que compartir con José por teléfono. Con una niña en camino y otra en la escuela, ella no tuvo alternativa más que de buscar un trabajo temporal de limpieza para ganar lo suficiente para pagar la renta. Ella trabajó hasta sus siete meses de embarazo, al tiempo que su esposo encontró un puesto en construcción.

"Al principio estaba asustado porque no sabía si me iban a arrestar otra vez por trabajar, pero no hay otra manera de seguir adelante. No me iba a quedar sentado en la casa a ver lo que iba a pasar", dijo José.

En 2008 la pesadilla volvió a ocurrir. Dos personas vestidas de traje tocaron la puerta del trailer de José y preguntaron a Brenda si el estaba en casa. En frente de su esposa y pequeña hija, agentes del departamento del Sheriff del Condado de Weld arrestaron a José bajo cargos de robo de identidad.

Debido a que el tenía un caso pendiente en la corte de inmigración por lo sucedido en el 2006, el salió bajo fianza.

José representa una de 60 personas que fueron acusadas de utilizar documentos falsos o robados para preparar sus impuestos en Amalia's Translation and Tax Services en Greeley. En octubre del 2008, la oficina del fiscal del Condado de Weld confiscó 4.900 documentos de impuestos de la oficina de Amalia's.

La organización de derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU por sus siglas en inglés) intervino en el caso y presentó una demanda desafiando la validez de la orden de registro. La Corte Suprema de Colorado esta en el proceso de examinar la decisión de la corte del distrito de Larimer que dictaminó que la orden de registro era ilegal.

Mientras tanto el caso ya ha perturbado la vida de docenas de inmigrantes, que en algunas instancias dejaron sus pertenencias por detrás y regresaron a sus países antes de que los vayan a buscar a sus casas o trabajos.
"A los cuantos días la gente ya sabía lo que estaba pasando y sabían que si habían hecho sus impuestos en Amalia's los iban arrestar, así que se fueron", dijo José.

"A los que se les acusó de robo de identidad, se les dijo que no podían salir del condado de donde están, ya que están involucrados en un proceso legal", dijo Alonso Barrón, voluntario de Al Frente de Lucha. "Así que están atrapados sin poder trabajar".

 Esta organización comunitaria, dirigida por el activista Ricardo Romero y Priscila Falcón, profesora en University of Northern Colorado, ha estado asistiendo a las familias afectadas con despensas y productos higiénicos desde el 2006.

Según Barrón, al principio ellos ayudaban a más de 200 familias con alimentos básicos diariamente. Ahora ellos asisten a 30 familias, 8 de las redadas del 2006 y 22 del 2008.

Cada martes, las familias van a recoger una bolsa con una serie de alimentos enlatados, en caja, huevos, pan y productos lácteos. El pasado Día de Acción de Gracias el centro entregó cenas de pavo.

La iglesia Family of Christ Presbyterian Church ha donado casi 50 mil dólares de alimentos en los pasados tres años. La iglesia compra la comida que después es distribuida al centro por el banco de alimentos del condado de Weld. Para muchos, esta despensa es vital, ya que no reciben ningún tipo de ayuda del gobierno a pesar de que la mayoría de sus hijos son ciudadanos.

 "Si no fuera por esa ayuda sinceramente no podríamos sobrevivir. La carne que me regalan yo la puedo hacer durar tres días para alimentar a mis dos hijos y a mi esposo", dijo Brenda. "De ahí dependemos 30 familias y todas con la misma necesidad. A veces no alcanza pero nos repartimos todo."

Sin embargo, no todos los que fueron afectados en el 2006 viven en el limbo de inmigración. Varias personas lograron obtener un permiso de trabajo o la residencia.

Marlene trabajó en la planta Swift por seis años, antes de ser arrestada por agentes de inmigración en el 2006. Ella consiguió su libertad el mismo día. Su esposo es residente, lo que le ayudó a conseguir eventualmente su residencia.

Pero esto no fue fácil. Después de tres tensas audiencias en la corte de inmigración y 6 mil dólares en pagos a los abogados y cuotas, ella finalmente puede trabajar sin miedo a que la deporten.

"Ahorita estoy feliz. Le agradezco primero a Dios, a mi esposo y a mi abogado que luchó para que yo pueda estar aquí con mis dos hijas", dijo con lagrimas en sus ojos.

Ella decidió volver a trabajar en la planta Swift ya que la compañía paga mucho más que otras, 12.75 dólares la hora, dijo Marlene.

Tener un trabajo estable es mucho más importante que cualquier trauma que ella haya sufrido, explicó. Marlene trabaja ocho horas parada cortando carne junto a 300 personas, en su mayoría asiáticos y africanos.

"No hay otro trabajo que uno pueda hacer. Si uno podría leer y escribir perfectamente pues a lo mejor hay más trabajos, pero tenemos que hacerlo para que nuestros hijos salgan adelante y tengan la oportunidad de ir a la escuela", señaló.

Marlene comparte el sentimiento de la mayoría de los afectados de las redadas que luchan por quedarse en este país para no enfrentar la pobreza y violencia que existe en sus países de origen.

A pesar de la dura realidad de no tener dinero para sobrevivir día a día, Olivia dijo que no piensa regresar a Guatemala debido a que su niño sufre de asma. A los 2 años, Eric fue diagnosticado con este problema respiratorio y ahora requiere de medicamentos diarios y el uso de un nebulizer.

Ellos vienen de familias pobres en la aldea de San Vicente en Guatemala. El regresar pondría en riesgo la salud de su niño que es ciudadano.

"Si nos vamos allá, no hay donde vivir, ni como comer", dijo. "Aquí la casa por lo menos tiene calefacción, puertas y ventanas. Allá mi casa es puro polvo y lodo. Con eso mi hijo se pondría peor".

Olivia esta esperanzada de que llegue a obtener un permiso de trabajo en su próxima cita en la corte de inmigración en el 2010. Aunque no tiene dinero para pagar a un abogado dijo que hará todo lo posible para quedarse en Greeley. Por ahora trata de ganar dinero vendiendo tamales.

La redada en la planta Swift en el 2006, mas los arrestos ligados al caso de la compañia Amalia's han creado una creciente necesidad entre las familias afectadas.

"Espero que la gente tenga un poco más de conciencia y vean que nosotros solo venimos a trabajar para conseguir el sueño americano", dijo Brenda.

"Tampoco no le venimos a quitar el trabajo a nadie. Si fuera así los campos de cosecha y plantas procesadoras de carne estarían llenos de aquellos que son ciudadanos".

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