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SACRAMENTO, California - Los estudiantes que carecen de permiso para residir en el país ya pueden solicitar becas financiadas por California y ayuda en las universidades estatales después que el gobernador anunció el sábado que firmó la segunda parte de un paquete legislativo.

El proyecto AB131, promovido por el asambleísta demócrata Gil Cedillo de Los Angeles, es la segunda parte del paquete de leyes conocidas como Dream Act de California.

El gobernador demócrata Jerry Brown firmó la primera parte en julio, la cual aprueba otorgar becas privadas y préstamos a estudiantes que no tienen autorización para vivir en Estados Unidos.

Bajo la ley actual, los alumnos que estén en esa situación, que se hayan graduado de una escuela secundaria en California y que puedan demostrar que se encaminan a legalizar su estatus migratorio tienen derecho a pagar el mismo monto en las cuotas escolares que el que pagan los residentes.

El proyecto de ley le permitiría a los estudiantes que no cuentan con permiso de residencia solicitar ayuda estatal.

La conflictiva segunda parte del paquete requiere que los alumnos inmigrantes cumplan con los mismos requisitos que otros que solicitan ayuda financiera en las universidades estatales, pero especifica que sólo podrían recibir dicha ayuda después de que todos los residentes legales del país hayan hecho su solicitud.

"La firma de ambas partes del Dream Act de California enviará un mensaje a través de la nación, de que California está preparada para dirigir el país con una visión positiva y productiva para nuestra manera de abordar cuestiones difíciles relacionadas con la inmigración", dijo Cedillo.

"Los sueños pueden hacerse realidad. Lo hemos demostrado hoy", agregó.

Otros doce estados, incluyendo Texas, Nueva York y Washington, han aprobado leyes similares que permiten a los estudiantes inmigrantes solicitar la matrícula estatal.

Dichas leyes son diferentes al Dream Act federal, un proyecto de ley que incluye un procedimiento a seguir para que los hijos de inmigrantes que entraron al país sin permiso puedan obtener la ciudadanía.

Brown dijo que el proyecto legislativo le da a los mejores estudiantes la oportunidad de ampliar sus oportunidades educativas.

"Ir a la universidad es un sueño que promete entusiasmo intelectual y pensamiento creativo", afirmó el gobernador. "El Dream Act nos beneficia a todos al darle a los mejores estudiantes una oportunidad de mejorar su vida y la de todos nosotros".

En un comunicado, el arzobispo de Los Angeles, José H. Gómez, se mostró complacido por la promulgación de la segunda parte de la ley.

"La firma del gobernador allana el camino para que los alumnos inmigrantes continúen su educación, de modo que puedan contribuir algún día, con su talento y habilidad al mejoramiento de nuestra sociedad", dijo Gómez. "Estos estudiantes han demostrado ya su capacidad académica y su compromiso; merecen la oportunidad de buscar sus metas".

Los críticos aseguran que la medida socava las leyes de inmigración y alienta la inmigración ilegal al garantizar acceso a recursos estatales reservados para residentes con permiso legal. Muchos legisladores republicanos dijeron que los estudiantes con residencia han visto como se limitan sus becas por cuenta de los recientes recortes a la educación superior.

"Es absoluta y esencialmente equivocado e injusto y es un insulto a las personas que han trabajado y seguido las normas, incluyendo a aquellos que vinieron legalmente a este país", dijo el asambleísta republicano Tim Donelly.

Manifestó que espera lograr una iniciativa para anular la ley tan pronto esta sea incluida en los estatutos de California.

Los partidarios de la legislación sostienen que los niños que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres no deben ser castigados.

El Departamento de Finanzas estatal calcula que, cuando el paquete legislativo entre en vigencia en enero del 2013, utilizará el 1% de todos los fondos del Cal Grant, el programa estatal de ayuda financiera a estudiantes.

El departamento dice que 2.500 alumnos estarían en posición de recibir ayuda bajo el proyecto de ley, y calcula que los costos lleguen a 14,5 millones de dólares, de un programa que cuenta con 1.400 millones de dólares.