FRESNO, California - Cursar estudios universitarios parecía inconcebible cuando Adriana Sánchez, hija de trabajadores agrícolas, llegó a California a los 12 años con su familia, que se quedó en el país después que vencieron sus visas.

Aunque era una excelente estudiante de secundaria, se encontraba en el país con los papeles vencidos, carecía de inscripción en el Seguro Social y permiso de trabajo y no podía pedir préstamos para estudiar. Pero con centenares de horas de trabajo y una docena de pasantías, pudo terminar sus estudios de grado y posgrado.

A los 24 años, Sánchez acaba de graduarse de la Universidad Estatal de California, Fresno, con una maestría en Relaciones Internacionales, trabajo de tiempo completo y ningún préstamo que devolver. Gracias a una zona gris en la ley federal, trabaja como contratista independiente.

"La mayoría de los estudiantes indocumentados tienen que ofrecerse. Presentarse como voluntarios, hacer mucho más que los estudiantes regulares", dijo Sánchez. "Eso nos conecta con las oportunidades. Ahora son los empleadores los que me llaman a mí".

Miles de jóvenes adultos traídos de manera irregular a Estados Unidos cuando eran niños ahora tienen títulos universitarios. Al igual que Sánchez, se ingenian para evitar las trabas legales e iniciar una carrera. Obtienen experiencia laboral, inician negocios y solicitan licencias profesionales.

La Associated Press entrevistó a una veintena de graduados como éstos en todo el país. Algunos tienen problemas debido al estado de la economía. Pero otros realizan trabajos altamente especializados, aunque no siempre en sus profesiones. Muchos hablan francamente de su estatus a pesar del riesgo de ser deportados. Algunos pidieron que no se los identificara por miedo a perder el trabajo o alertar a las autoridades de inmigración.

"Hay un conjunto de jóvenes talentosos que están convencidos de que son estadounidenses porque fueron criados y educados aquí, hablan inglés fluido y tienen un nivel de educación igual o superior al del estadounidense promedio", dijo Roberto Gonzales, sociólogo de la Universidad de Chicago que ha reunido gran cantidad de información sobre estos jóvenes. "Nuestras universidades no les enseñan a ser inmigrantes indocumentados".

Si hay cada vez más jóvenes inmigrantes en situación irregular con títulos universitarios, esto se debe en parte a la demografía -los que cruzaron la frontera con sus padres están alcanzando la mayoría de edad- y a las leyes que les permiten pagar las mismas matrículas reducidas que los residentes de sus respectivos estados. Hace 11 años, California y Texas aprobaron esas leyes, y una docena de estados más lo hicieron luego.

Nadie sabe cuántos de estos inmigrantes están en las universidades o se han graduado; las instituciones de enseñanza no reúnen esos datos. Pero en 2010, unos 96.000 adultos jóvenes sin estatus legal tenían una licenciatura o un posgrado, según el Instituto de Políticas Migratorias, una institución sin filiación partidaria en Washington.

Su motivación, según Sánchez, era que se aprobaran leyes que dieran acceso a la ciudadanía a los que fueron traídos ilegalmente de niños y pudieron estudiar.

Pero 11 años después, la ley DREAM está trabada por factores políticos.

Algunos de los que se encuentran en situación irregular demoran la búsqueda de trabajo y optan por grados más avanzados, incluso el doctorado, dijeron los entrevistados. Otros se van del país. Otros buscan trabajos bajo cuerda a la espera de la reforma inmigratoria.

Pero muchos, como Sánchez -quien alguna vez soñó con una carrera en el Departamento de Estado- se ven impulsados a buscar buenos trabajos a pesar de la falta de papeles.

La ley federal prohibe a los empleadores contratar a sabiendas a inmigrantes ilegales, pero no los obliga a verificar el estatus inmigratorio de quienes se presentan como contratistas independientes. Por eso, el cliente que les paga por sus servicios no está violando la ley, aunque el contratista no esté autorizado a trabajar en Estados Unidos, dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho en la Universidad Cornell.

Y si bien los inmigrantes ilegales que trabajan por cuenta propia violan la ley de inmigración, pueden evitar incurrir en causales de deportación si no presentan documentos falsos, dijo Yale-Loehr.

Sánchez es consultora a sueldo de una orgaanización educativa sin fines de lucro en Fresno, y enseña inglés y otras materias en una escuela para adultos y un centro para víctimas de la violencia doméstica. Pero vive con una gran frustración. Sus padres, que cruzan la frontera para laborar en los campos desde los años 70, tienen la residencia legal, y su hermano mayor obtuvo la ciudadanía por matrimonio, pero a ella le tomaría años obtener la cédula verde y realizar su sueño de ser diplomática.

"Estoy aquí, tengo esta educación y estas aspiraciones", dijo. "Podría hacer mucho más, pero no puedo".

Otros graduados en esta situación buscan sus licencias profesionales en campos como el derecho o la enfermería.

Las cortes en California y Florida entienden en casos de dos graduados de facultades de derecho que aprobaron los exámenes habilitantes para determinar si se les debe autorizar a practicar la abogacía. Los dos fueron traídos al país de manera irregular cuando eran niños.

Mientras se resuelven esos casos, César Vargas -un graduado en derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York que traído al país cuando tenía cinco años- aprobó el examen en Nueva York y creó una firma de cabildeo, DRM Capitol Group LLC.

"Descubrí que puedo hacerlo y en forma legal", dijo Vargas, de 28 años. Trajo a varios de los llamados Dreamers (soñadores) y un ciudadano a trabajar con él.

Aunque quería ser fiscal, ahora escribe para blogs del Congreso y planea crear una Cámara de Comercio de Dreamers.

"Estamos creando empresas mediáticas, de diseño de internet y campañas políticas", dijo. "No es lo que hubiéramos elegido, pero es nuestra respuesta a la retórica antiinmigrante de que los inmigrantes ilegales roban empleos a los estadounidenses. Estamos creando empleos y contratando a ciudadanos estadounidenses".

Sus detractores dicen que el grado universitario no debe entrañar un trato preferencial de cara a la legalización.

"Son inmigrantes ilegales, ser graduados universitarios no cambia eso", dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios sobre Inmigración, un instituto en Washington que aboga por políticas de inmigración más estrictas.

Los expertos dicen que un número creciente de graduados ilegales como Isabel Castillo, de Harrisburg, Virginia, traída a Estados Unidos desde México a los seis años, han empezado a actuar en política.

Castillo trabaja promoviendo la aprobación de la ley DREAM, organiza actos, debate con los políticos de Virginia y dirige campañas locales.

"Nunca pensé que haría algo tan político", dijo. "No me interesaba en la universidad. Ahora la gente me dice que soy una futura congresista".