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WASHINGTON (AP) - La comunidad de jóvenes inmigrantes sin papeles que arribaron al país cuando eran niños recibió con una mezcla de entusiasmo y escepticismo, con rabia o en medio de un ambiente festivo, la decisión anunciada el viernes por el presidente Barack Obama de discrecionalmente suspender sus deportaciones y ofrecerles permisos de trabajo por dos años.

Buena parte del escepticismo tiene que ver con las complejas e intrincadas interpretaciones legales que el anuncio genera. Quienes lo celebraron creen que la medida es lo suficientemente clara y detallada como para que no tengan que pelear legalmente su estadía en el país al salir de las sombras.

Gaby Pacheco, 27, of Miami, an illegal immigrant originally from Ecuador, cries while watching President Obama announce that the U.S. government will stop
Gaby Pacheco, 27, of Miami, an illegal immigrant originally from Ecuador, cries while watching President Obama announce that the U.S. government will stop deporting and begin granting work permits to younger illegal immigrants who came to the U.S. as children and have since led law-abiding lives, Friday, June 15, 2012, in Washington. (Jacquelyn Martin/AP)

Quienes aún se encuentran inconformes argumentan que tendrán que convencer a las autoridades, uno a uno, de que son elegibles para obtener el permiso de trabajo y permanecer en el país y que la medida favorece a algunos pero no a todos los jóvenes pues no se trata de una orden ejecutiva que tenga fuerza de ley, sino que queda a discreción del funcionario de inmigración respectivo si otorga el permiso de trabajo y la estadía, o no.

"Seguimos exigiendo una orden ejecutiva", dijo a The Associated Press Mohammad Abdollahi, dirigente de una coalición de grupos de estudiantes pro-Dream Act llamada Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes. "Esto no es algo colectivo sino que se revisará caso por caso. Si vamos a tener que pelear cada caso, uno por uno, ¿de qué vale?".


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"Preocupa que el anuncio será puesto en práctica más mezquinamente de lo que el gobierno quisiera", dijo a la AP Stephen W. Yale-Loehr, profesor de leyes de inmigración en la Facultad de Leyes de la Universidad de Cornell. "Eso fue lo que vimos en junio pasado con el memo sobre (deportaciones) discrecionales del gobierno".

El catedrático se refería al anuncio formulado el año pasado de revisar 300.000 casos de deportaciones para garantizar que no afectaran a personas que representaran un mínimo riesgo para la seguridad pública.

Hasta el momento, la Oficina de Inmigración y Aduanas ha revisado más de 232.000 procesos de deportación y decidió anular 20.000, de los cuales 4.000 han decidido litigar en los tribunales para obtener un permiso de trabajo.

El profesor explicó que la orden presidencial no establece que las autoridades migratorias detengan las deportaciones de estudiantes. Sólo dice que los funcionarios de inmigración deben de "considerar" hacerlo. Y que los permisos de trabajo tampoco se otorgarán automáticamente.

"Esto no es una amnistía, esto no es inmunidad. Esto no es una vía para la naturalización, no es una solución permanente. Esto es una medida temporal", dijo Obama desde la Casa Blanca. "No tiene sentido expulsar a jóvenes talentosos".

La secretaria de seguridad nacional Janet Napolitano dejó claro que el beneficio administrativo será otorgado tras evaluar cada solicitud por separado.

Los jóvenes elegibles para acogerse a la orden presidencial deben haber ingresado a Estados Unidos cuando eran menores de 16 años, haber residido de manera continua en el país durante los últimos cinco años, encontrarse actualmente en su territorio, haber culminado la educación secundaria, o haber obtenido un certificado de educación general, y estar cursando estudios universitarios actualmente o haberse alistado en las Fuerzas Armadas y la Guardia Costera.

Tampoco deben haber sido sentenciados por la comisión de delitos mayores, faltas menores importantes, ni representar amenaza alguna a la seguridad pública. Los inmigrantes no autorizados menores de 16 años no podrán solicitar la anulación de su proceso de deportación, pero funcionarios dijeron que no serán deportados.

Los requisitos de la medida coinciden en términos generales con los estipulados en el Dream Act, un proyecto de ley que fue aprobado por la cámara baja en 2010 pero que no obtuvo los votos necesarios en el Senado.

Marielena Hincapié, abogada y directora ejecutiva del National Immigration Law Center en Los Angeles, calificó de "significativa" la nueva política porque "no sólo beneficia a los jóvenes sin papeles que están en proceso de deportación, sino también a los que no lo están".

La activista explicó que lo importante ahora es "asegurarse de que agentes de inmigración y de las patrullas fronterizas implementen la normativa de una forma uniforme para asegurar que no van a ver consecuencias adversas para jóvenes que se presentan ante una oficina de inmigración y no cumplen con los requisitos requeridos".

La medida se conoció cinco días después de que los jóvenes activistas depusieran una huelga de hambre que llevaba seis días en Denver y anunciaran planes de tomar las oficinas de campaña de Obama para presionarlo a emitir una orden ejecutiva que detuviera las deportaciones, mientras el mandatario corteja activamente el voto hispano, crucial en varios estados, en la búsqueda de su reelección en noviembre.

Las palabras de Obama tomaron por sorpresa a un centenar y medio de jóvenes inmigrantes que se aprestaban a realizar una protesta el viernes en Los Angeles.

Como parte de un programa de verano, los inmigrantes se habían reunido afuera de una oficina migratoria que se encuentra en remodelación al centro de la ciudad.

La protesta se convirtió en celebración. El "si se puede" se transformó en "si se pudo" y lágrimas de alegría brotaron.

"Todas esas noches que dudé, ¿Para qué estudio? ¿Valdrá la pena? ¿Ejerceré alguna vez mi profesión? Y ahora sé que sí", dijo llorando la mexicana Lesly Osegueda, quien justamente se gradúa el viernes de Ciencias Políticas en la Universidad de California en Los Angeles. "Ahora quiero estudiar leyes y tengan cuidado porque aquí viene una abogada documentada".

Algunos como Wil Prada miraban al vacío, incrédulos de tanto júbilo a su alrededor. Otros coreaban en grupo "somos los soñadores, los soñadores imponentes, imponentes".

"Este es un momento para celebrar", dijo la ingeniera eléctrica Dulce Matuz, dirigente estudiantil de Arizona. "Peleamos tanto por esto y finalmente ocurrió".

Una calle del centro de la ciudad fue cerrada y los llamados "dreamers" se sentaron sobre el asfalto, formando dos filas en forma de ele y coreando más consignas, no serios o desafiantes como siempre, sin sonrientes y con brillo en sus ojos.

"Es asombroso", dijo sonriendo Carlos Amador, coordinador del Dream Resource Center, en Los Angeles. "Si todo esto es realmente cierto, tenemos que aplaudir al presidente".

Pero la brasilera Aryanne Schommer, que estaba segura de que volvería a su natal Brasil mientras conseguía una visa de Gran Bretaña para reunirse con su marido, de nacionalidad inglesa, ya no sabe qué hacer.

Conoció a su pareja estudiando en Miami, pero su visa de estudiante se venció y partió para Gran Bretaña para no permanecer ilegalmente en Estados Unidos.

"Tengo mis valijas hechas y todo listo para irme", dijo. "Es la decisión más difícil que me ha tocado tomar".

De 23 años y hablando en un inglés claro, sin acento extranjero, Schommer dice que no conoce nada de Brasil, que no se lleva bien con su padre brasileño y que no mantienen un diálogo fluido. Pensaba vivir con una tía y su abuela.

Shommer hizo todos sus estudios, desde el jardín de infantes hasta la universidad en Estados Unidos, pero los últimos seis meses no ha conseguido un empleo, ni ha podido tramitar una licencia de conducción por no tener un número de seguridad social.

"No puedes imaginarte lo que es esto. Siento que siempre estoy en peligro. No ves un futuro, no puedes pensar en un futuro", dijo.

Los republicanos criticaron el plan con dureza. El presidente del comité judicial de la cámara baja Lamar Smith lo calificó de "traición" al pueblo estadounidense porque "este enorme cambio de política tiene consecuencias horribles para los estadounidenses desempleados en busca de trabajo y viola el juramento del presidente Obama de respetar las leyes".

Napolitano agregó que la medida podría beneficiar a unas 800.000 personas aunque todo dependerá de cuántos jóvenes acudan a las oficinas de inmigración para demostrar que cumplen con los requisitos.

"Sigo urgiendo al Congreso a que apruebe el Dream Act", dijo.

Julio Calderón, un hondureño sin papeles que llegó a los 16 años a Estados Unidos y vive en Miami, reaccionó con alegría.

"Es como un primer paso porque falta mucho, hay muchos padres que siguen siendo deportados", dijo a la AP. "Es un paso correcto... es algo que le quitará el miedo a muchos estudiantes indocumentados".

El joven pertenece al grupo "Studens Working for Equal Rights" que esta semana exigió al presidente desde Miami que frene las deportaciones. Calderón dijo que tiene claro que la medida es también una maniobra para captar el voto hispano.

Organizaciones pro inmigrantes y de la comunidad hispana han criticado a Obama no sólo por incumplir su promesa de lograr una reforma migratoria integral sino por haber deportado una cifra sin precedentes de casi 400.000 personas en 2010 y 2011.

El anuncio se produjo poco antes de que la Corte Suprema emita un fallo sobre la ley migratoria vigente en el estado de Arizona desde 2010, que autoriza a la policía a pedir documentos a cualquier persona sobre cuyo estatus migratorio tengan sospechas. El Departamento de Justicia acudió a la vía legal para anular la ley.

La gobernadora de Arizona Jan Brewer dijo que la medida de Obama representa un "golpe preventivo" al fallo del máximo tribunal que pudiera ratificar fragmentos de la ley.

Obama dijo que tomó la decisión de emitir esta decisión administrativa ante la falta de acción en el Congreso "para reparar nuestro quebrado sistema (de inmigración)".