La inmigración ilegal es un problema en Estados Unidos desde hace décadas. Con un aproximado de 11,5 millones de personas en calidad migratoria irregular viviendo, y en muchos casos trabajando, en el país, la pregunta sigue siendo ¿qué hacer con ellos? ¿Y cómo evitar que más gente entre de manera ilegal?

Una relajada aplicación de la ley puede conducir a que más inmigrantes indocumentados compitan con ciudadanos estadounidenses por empleos y algunos servicios sociales. Por otro lado, una política demasiado rigurosa podría significar que los agricultores y otros en industrias que se apoyan en la mano de obra barata de los inmigrantes tengan que rogar por trabajadores, pasando los altos costos a los consumidores o perdiendo el negocio por completo.

El presidente Barack Obama ha impulsado la Ley Dream, un camino a la ciudadanía estadounidense para muchos jóvenes inmigrantes que llegaron al país siendo niños. Los esfuerzos por aprobar el proyecto de ley han fracasado repetidamente, con mayor notoriedad en 2010, cuando se estancó en un Senado liderado por demócratas después de no lograr obtener los 60 votos que necesitaba para someterse a una votación en el pleno. Cinco demócratas votaron contra la medida.

En junio, Obama anunció un plan para retrasar hasta por dos años las deportaciones de muchos inmigrantes que se habrían beneficiado de la Ley Dream y les permite obtener permisos laborales.

El candidato del Partido Republicano a la presidencia Mitt Romney, ha dicho que de asumir el cargo vetaría la Ley Dream si llegara a su escritorio. Romney dijo al diario The Denver Post que respetaría los permisos laborales para aquellos inmigrantes que se benefician con la nueva política de Obama y prometió poner en marcha un plan migratorio integral antes de que esos permisos se venzan. El ex gobernador de Massachusetts se dijo a favor de completar un elevado muro de acero a lo largo de la frontera con México, además de los 1.046 kilómetros (650 millas) ya construidos, y se opone a permitir que estudiantes de universidad públicas en condición migratoria irregular paguen las mismas tarifas preferentes que pagan quienes residen en el estado.

La inmigración no autorizada ha disminuido en años recientes. La Patrulla Fronteriza recientemente registró la menor cantidad de arrestos en cerca de 40 años. Pero a muchas personas les preocupa que la frontera con México, el punto de cruce más popular para los inmigrantes indocumentados, aún no sea lo suficientemente segura.

En el último par de años, el gobierno ha invertido miles de millones de dólares en la construcción de un muro, en duplicar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y en agregar una gran cantidad de equipo de alta tecnología para frenar la entrada ilegal de inmigrantes. Las cifras muestran una historia irrefutable: en el último año fiscal, la Patrulla Fronteriza arrestó aproximadamente a 327.000 personas en la frontera con México. En 2006, se realizaron más de un millón de arrestos de este tipo.

El gobierno del presidente Obama también deportó una cifra récord de personas el año pasado, cerca de 400.000, y el gobierno ha estado cambiando de enfoque para encontrar y deportar a inmigrantes delincuentes y a aquellos que de alguna manera representan una amenaza a la seguridad nacional.

Hay espacio para el debate sobre lo que ha llevado a una marcada disminución en el número de arrestos: Resulta claro que las complicaciones económicas han restado atractivo a la idea de ingresar a Estados Unidos. Aun así, los republicanos insisten en que cualquier cruce ilegal por la frontera es demasiado. Y hay un consenso en que la frontera debería ser más segura.

En cuanto a los inmigrantes que ya viven en territorio estadounidense sin autorización legal, no existe una respuesta sencilla sobre lo que se debe hacer.

En 1986, en el gobierno del entonces presidente Ronald Reagan, el Congreso aprobó una amnistía que otorgó estatus legal a millones de inmigrantes al tiempo que modificaba la ley para hacer ilegal la contratación de inmigrantes sin la autorización adecuada.

Esas contrataciones han continuado en muchos sectores, sobre todo en la agricultura. Y algunos legisladores se muestran preocupados de que ese sector se hunda en caso de que se realice un esfuerzo agresivo para verificar que todos los trabajadores agrícolas tengan permiso para laborar en el país de manera legal.

Varias mejoras a la política migratoria han sido propuestas desde principios de la década de 2000. Pero el debate suele reducirse a los republicanos deseando reforzar la seguridad en la frontera antes que nada y los demócratas presionando por esa seguridad y por crear al mismo tiempo un mecanismo para la legalización. El resultado ha sido un estancamiento legislativo.