Santos Gervacio Vicente-Vicente comenzó a agitarse y a hablar cada vez más rápido al recordar la mañana del 12 de diciembre de 2006.

"Todavía tengo miedo. Cuando lo recuerdo, me pongo muy nervioso. Me trataron como a un animal", comentó.

Vicente-Vicente es uno de los 273 trabajadores que aquel día fueron arrestados en un masivo operativo de inmigración, cuyas consecuencias aún se sienten  seis años después.

Ciudades enteras y miles de personas, tanto ciudadanos como inmigrantes, se vieron afectados cuando agentes federales fueron a las oficinas centrales de Swift & Co. en el norte de Greeley y a otros cinco frigoríficos de esa empresa en Texas, Utah, Nebraska, Iowa y Minnesota. En total, 1.297 trabajadores fueron arrestados.

En Greeley, las casas en el barrio latino fueron abandonadas o así lo parecían, ya que los residentes se fueron o se escondieron por miedo. Algunos no salieron del sótano o del clóset por varias semanas.  Más de 200 niños regresaron a sus casas y se enteraron que uno o ambos de sus padres ya no estaban.

Durante semanas, la esposa de Vicente-Vicente, que en ese momento estaba embarazada y a cargo de cuatro hijos, no supo dónde estaba su esposo. Finalmente lo localizó en un centro de detención en Texas, donde permaneció alojado durante tres meses, hasta que lo trasladaron al centro de detención en Aurora, donde quedó en libertad tras pagar su fianza. De allí regresó a Greeley y pidió asilo.

Las redadas, llamadas Operación Vagón de Tren, se realizaron simultáneamente y con la participación de mil agentes federales. El operativo fue la culminación de diez meses de investigaciones por parte de Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) sobre el uso fraudulento de números de seguro social.
ICE no quiso hacer comentarios para esta historia.

El miedo hizo que muchas familias inmigrantes viviesen en las sombras, por lo que no hay manera de medir el impacto duradero que tuvo el arresto de los trabajadores, o de saber si las familias se reunieron, si los deportados se quedaron en sus países o si reingresaron a Estados Unidos, o cuántos aún siguen escondidos.

Muchos de los arrestados fueron deportados 48 horas después de la redada. Pero muchos otros, como Vicente-Vicente, optaron por oponerse a la deportación. Sus casos aún siguen pendientes. Por eso, dijo Vicente-Vicente, su familia sigue sufriendo.

JennSoule-Hill, del ministerio Family of Christ, dijo que ella todavía ve el trauma en las diez familias de su iglesia afectadas por la redada y que todavía dependen de la ayuda de la iglesia. No pudieron recuperarse por sí mismas por el miedo que sienten o por las costosas batallas legales.

"Vienen a buscar comida y apoyo. Pero cada vez que escuchan una sirena o ven las luces policiales, tienen miedo. Piensan que les van a quitar sus hijos", comentó la religiosa.

El impacto de la redada en Swift fue exacerbada dos años después, cuando agentes policiales realizaron una requisa en una oficina de impuestos en Greeley e incautaron 4.900 declaraciones de impuestos confidenciales en un intento para detectar el uso fraudulento de números de seguro social.

En octubre de 2008, la Corte Suprema de Colorado falló en contra del operativo en Amalia'sTranslation and TaxServices, considerándolo inconstitucional. El operativo había sido dirigido por el fiscal del condado Weld, Ken Buck. Debido a ese operativo, más familias hispanas se fueron de Greeley.

Swift nunca fue sancionada en conexión con la redada pero sí accedió a cambiar los procedimientos de contratación.

La compañía fue vendida en 2007 a JBS, una procesadora de carne de Brasil. Desde ese momento, un consultor se encarga de detectar a posibles empleados indocumentados. Somalíes y personas de Birmania y de países del este de África ahora trabajan en la fábrica. Además, los salarios subieron después de la redada.

"En el marco político actual, no creo que vuelvan a ocurrir redadas", dijo Buck, quien estuvo a favor de la redada, pero que ahora reconoce el daño social que causaron.

Parte de ese daño es el resultado de una profunda división en Greeley, donde hasta mediados de la década de 1960 se restringía el área en la  que los latinos podían vivir.

"La manera que la gente reaccionó a esa situación es no hablar del tema", dijo la Dra. Priscilla Falcón, profesora de estudios latinos en la Universidad del Norte de Colorado. "El tema todavía no se ha resuelto.

La herida sigue abierta. Vivimos en una comunidad dividida".