PARIS—Francia dio a Google tres meses de plazo para volverse más transparente sobre la información que recopila de sus usuarios, o será multada. Y otros países europeos no están muy lejos de tomar la misma decisión.

Ahora resta que Google decida si las multas, relativamente menores, son un incentivo lo suficientemente fuerte para modificar sus normas. El gigante de internet se arriesga a tener que pagar 300.000 euros (402.180 dólares) en Francia.

Europa es un mercado grande, pero Google no tiene ningún competidor serio en el Viejo Continente.

Sin embargo, la compañía enfrenta un problema de reputación a la hora de proteger la privacidad de los usuarios. La amenaza del jueves significa una mayor presión sobre Google, que todavía siente las consecuencias de entregar información de sus clientes al gobierno de Estados Unidos como parte de su guerra contra los terroristas extranjeros.

La entidad francesa que norma la tecnología informática afirma que otros cinco países europeos están tomando medidas similares en una ofensiva por etapas contra las normas de privacidad de Google entre este momento y finales de julio. La agencia afirma que Google en lo fundamental ha pasado por alto recomendaciones anteriores de entidades normativas europeas.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) informó el jueves que ha iniciado un procedimiento de sanción después que investigaciones iniciales mostraron que Google de España y Google Inc. pueden haber cometido seis infracciones contra la ley de protección de datos del país, agregando que la compañía pudiera enfrentar multas por un máximo de 300.000 euros.

Por su parte, la Comisión sobre Informática y Libertad de Francia, (CNIL, por sus siglas en francés), informó que Gran Bretaña, Alemania, Italia y Holanda iniciarán medidas similares en las próximas semanas.

La decisión acelera una batalla de larga data en Europa contra Google, en materia de privacidad, que en muchos países europeos se protege con mucho más rigor que en Estados Unidos.

Un portavoz de Google dijo el jueves que opina que las normas de privacidad de la empresa son respetuosas de las leyes europeas.

"Hemos cooperado de manera completa con las autoridades en este proceso y seguiremos haciéndolo", dijo Al Verney.

La advertencia oficial de París da a la compañía tres meses para modificar sus prácticas de privacidad, como especificar a los usuarios con qué fines usa su información y cuánto tiempo la mantiene almacenada.

Las autoridades normativas también quieren que Google dé a los usuarios la opción de no centralizar su información, por ejemplo, cuando la información de búsquedas en internet, mensajes electrónicos de Gmail y YouTube se ubican en un solo lugar.

De lo contrario, Google se arriesga a tener que pagar una multa máxima de 300.000 euros por parte de Francia, que a final de cuentas pudiera llegar a millones de euros en penalidades en los seis países en cuestión. A manera de comparación, los ingresos de Google ascendieron a 14.000 millones de dólares el primer trimestre de este año, en su mayor parte por concepto de publicidad, impulsada por la capacidad del gigante de internet de llegar a usuarios sobre la base de lo que leen, ven y compran en línea.

En Gran Bretaña, por ejemplo, la Oficina del Comisionado de Información dijo que su investigación sobre si las normas de privacidad de Google cumplen las leyes británicas todavía no ha concluido y que pronto contactará a la empresa sobre sus conclusiones preliminares. 

Por su parte, el Colegio de Protección de Información Personal de Holanda dijo que investiga las "condiciones de privacidad" de Google, pero la portavoz Lysette Rutgers declinó ofrecer más detalles porque la investigación no ha concluido.

Francia llevó la voz cantante en una investigación realizada el año pasado sobre las normas de privacidad de Google.

"La ley francesa exige que cuando se recopila información sobre alguien, tiene que ser por una razón precisa", expresó Isabelle Falque-Pierrotin, presidenta de la CNIL, quien agregó que las protestas sobre el papel de Google y otros participantes en los programas de vigilancia electrónica de los gobiernos indican que los usuarios quieren saber qué sucede con la información recopilada.

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Raf Casert en Bruselas, Ciaran Giles en Madrid, Greg Katz en London y Mike Corder en Amsterdam contribuyeron a este despacho.