Shackled Mexican immigrants are boarded onto a U.S. Immigration and Customs Enforcement jet  chartered for deportation of illegal immigrants at
Shackled Mexican immigrants are boarded onto a U.S. Immigration and Customs Enforcement jet chartered for deportation of illegal immigrants at O'Hare in Chicago, Il., on May 25, 2010. (LM Otero/AP)

Más de 80 organizaciones defensoras de los derechos civiles y de los derechos de los inmigrantes, agrupadas en la Red Nacional Organizadora de Jornaleros (NDLON), enviaron el jueves una carta al FBI pidiendo que esa agencia federal ya no coopere con las autoridades federales de inmigración para facilitar las deportaciones en el marco del programa Comunidades Seguras.

La carta afirma que Comunidades Seguras "amenaza la seguridad pública, fomenta el perfil racial y socava las relaciones entre la policía y la comunidad al transformar a los departamentos de policía en portales de deportación".

En el programa Comunidades Seguras, el FBI recibe las huellas digitales que le envía la policía local y realiza un chequeo de antecedentes criminales de las personas detenidas en cárceles locales. Luego, el FBI envía los resultados al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), sin importar la gravedad de los crímenes cometidos o incluso si la persona ha sido convicta de esos crímenes.

La carta fue enviada al Comité Asesor de Servicios de Información y Justicia Criminal del FBI, pidiendo que el FBI no envíe las huellas digitales a ICE sin el consentimiento previo de la policía local y de las autoridades estatales correspondientes.

Por medio de un comunicado, el mencionado comité dijo que analizará el pedido durante su reunión bienal el próximo verano.


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Según Jessica Karp, abogada de NDLON, explicó en declaraciones preparada que el FBI, por trabajar con agencias de seguridad locales y estatales, debería consultar con esas agencias sobre la participación del FBI en Comunidades Seguras.

Los firmantes de la carta también piden que la participación en Comunidades Seguras sea voluntaria y que las autoridades federales intervengan para evitar acciones discriminatorias como las que se ven en el Condado Maricopa, en Arizona, y en East Haven, Connecticut.