SALT LAKE CITY, Utah - Apenas un año después de las polémicas batallas sobre leyes de inmigración que dividieron a los legisladores de Utah, hay poco entusiasmo en ambos bandos para volver a examinar la cuestión.

Hasta ahora, un proyecto dirigido a fortalecer una ley que exige a los empleadores verificar la condición legal de los trabajadores ha sido el que ha generado más entusiasmo entre los legisladores.

Sin embargo, incluso esa propuesta apenas cosechó el apoyo que el patrocinador, el representante republicano Stephen Sandstrom, necesita para sacarlo adelante.

Sandstrom dijo que en realidad planeaba desechar el proyecto de ley hasta que el gobernador Gary Herbert mostró su respaldo esta semana.

Pero incluso con el apoyo del gobernador, el miércoles la Cámara se negó a considerar el proyecto que busca fortalecer las sanciones para los empleadores que a sabiendas contratan a inmigrantes sin autorización legal para residir en Estados Unidos.

Se creía ampliamente que era la única legislación sobre inmigración que tenía una oportunidad real de ser aprobada este año.

El año pasado, los legisladores aprobaron un paquete de proyectos de reforma apoyados por una medida de aplicación de la ley y un programa de trabajadores invitados. Estos dos proyectos de ley se encuentran ahora en un limbo legal.

La medida de aplicación de la ley, que Sandstrom apoyó y Herbert convirtió en ley en marzo, exige que las personas demuestren su ciudadanía si son arrestadas por delitos graves que van desde delitos relacionados con drogas hasta asesinato. También da a la policía discreción para comprobar la ciudadanía en casos de infracciones de tráfico y otros delitos menores.

Un juez federal dejó en suspenso la ley en mayo después de que grupos de derechos civiles demandaron al estado. El Departamento de Justicia de Estados Unidos se unió a la demanda en noviembre. Una audiencia en la Corte de Distrito en Salt Lake City está programada para el 17 de febrero.

El programa de trabajadores invitados, por su parte, requiere de una exención federal poco probable antes de entrar en vigor en 2013. Permitiría a los inmigrantes sin autorización legal vivir y trabajar en el estado si se registran y pagan una multa.

Este año, dos proyectos de ley separados se han presentado para derogar el programa de trabajadores invitados. Sin embargo, cuando ya se ha consumido un tercio de los 45 días de sesiones, ninguno de los proyectos ha logrado una audiencia de un comité.