SAN FRANCISCO - El intento de Arizona de criminalizar a los jornaleros que obstruyan el tránsito para pedir trabajo fue recibido el miércoles con recelo por parte de una corte federal de apelaciones.

Los tres jueces del panel de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco parecían escépticos ante el argumento de la gobernadora de Arizona Jan Brewer de que la medida es una forma legal para poner fin al congestionamiento vial que es causado por los jornaleros. Un juez de una corte de primera instancia ya había suspendido la medida.

Los detractores de dicha ley presentaron una demanda judicial para bloquearla, alegando que su verdadero propósito es afectar a los inmigrantes que viven en el país de manera irregular y consideran que viola el derecho de libre expresión de los jornaleros.

El miércoles, los tres jueces que integran el tribunal de apelaciones parecían estar a punto de apoyar a los detractores.

"¿No cuentan ustedes con leyes generales de tránsito?", le preguntó el juez Richard Tallman al abogado del gobernador casi de inmediato. La misma pregunta fue hecha varias veces por Tallman y el juez Raymond Fisher durante la audiencia que duró una hora. Los dos jueces, designados por el presidente Bill Clinton, preguntaron por qué era necesaria una nueva ley cuando bloquear el tráfico ya es ilegal en Arizona.

"En realidad hay otros estatutos y ordenanzas", respondió el abogado Robert Henry. "Pero esos estatutos y ordenanzas obviamente no han sido suficientes para contrarrestar este problema específico".

La prohibición era parte del proyecto de ley 1070 presentado por el senado de Arizona, que incluía entre otras cláusulas la denominada ley "muéstrame tus documentos" que captó la atención nacional.

La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó esa cláusula, que establece que la policía aplique otras leyes para interrogar sobre el estatus inmigratorio de aquéllos que considera sospechosos de estar sin autorización legal en el país.

El máximo tribunal derogó varias porciones de la ley de inmigración, entre ellas secciones que penalizaban a los inmigrantes que carecieran de documentos federales de inmigración, imponían pena de prisión para los inmigrantes en situación irregular que buscaran trabajo en Arizona y facilitaban que la policía local realizara arrestos relacionados con inmigración.

Sin embargo otras cláusulas, entre ellas la sección relacionada con los jornaleros, continua en litigio.