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GRAND JUNCTION - Las leyes estatales de Colorado aprobadas hace seis años que requieren que las autoridades policiales locales informen a las autoridades federales de inmigración sobre personas sospechosas de estar ilegalmente en el país le han costado a las agencias estatales unos $13 millones por año, según un estudio dado a conocer este miércoles.
Esa cifra, según el estudio realizado por el Colorado Fiscal Institute, incluye el costo de arrestar, reportar y detener a inmigrantes indocumentados, quienes de promedio permanecen encarcelados 22 días más que otros reclusos, por lo que las comunidades locales deben pagar ese costo.
El estudio se enfoca en la ley SB90 que requiere que la policía local reporte al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) a las personas detenidas sospechosas de ser extranjeros indocumentados.
Según los grupos pro-inmigrantes, SB90 favorece el racismo policial. En su momento, quienes se opusieron a la medida indicaron que crearía gastos adicionales para la policía local
SB 90 también se considera innecesaria, debido a que desde hace cuatro años opera el programa federal Comunidades Seguras, que cumple funciones similares. Comunidades Seguras utiliza las huellas digitales de todos los detenidos para verificar por medio de las bases de datos del FBI y del Departamento de Seguridad Interna la situación inmigratoria y los antecedentes criminales de esa persona.
El estudio fue publicado por la Campaña para Unir a Colorado y es el primer de su clase en enfocarse en el costo de SB90. La mencionada campaña es impulsada por los miembros de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC, en inglés). Por su parte, el Colorado Fiscal Institute analiza los temas fiscales que afectan a este estado.
El reporte estima que las fuerzas del orden de Colorado gastan $13 millones al año para hacer cumplir leyes federales. El Condado de Denver gasta $1,5 millones en esa tarea.
Se suponía que SB90 se aplicaría sólo a los detenidos por delitos o crímenes, pero el estudio demostró que se aplica a inmigrantes indocumentados que no cometieron delitos, sino sólo infracciones menores. De hecho, esos inmigrantes son ahora detenidos en números mayores.
En Denver, el 63 por ciento de los detenidos con problemas inmigratorios sólo fueron acusados de infracciones o delitos menores.
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