Federal Police agents escort Jesus Enrique Aguilar, alias "El Mamito", to his presentation to the media in Mexico City, Monday July 4, 2011.
Federal Police agents escort Jesus Enrique Aguilar, alias "El Mamito", to his presentation to the media in Mexico City, Monday July 4, 2011. Police believe Aguilar is connected with the killing of a U.S. Immigration and Customs Enforcement agent. According to authorities Aguilar is a former member of the Mexican Army and allegedly a co-founder of the Zetas drug cartel. (Alexandre Meneghini/AP)

MORELIA, México - Los tres principales partidos políticos mexicanos hicieron campaña en el estado natal del presidente Felipe Calderón, que se celebran el domingo, pero los grupos que no figuran en las boletas electorales son los que están en la mente de todos: los carteles del narcotráfico, que penetran cada vez más en la política local.

En este estado agrícola conocido por sus aguacates, su marihuana y sus metanfetaminas, los traficantes están poniendo a prueba la democracia mexicana, recurriendo a sobornos, intimidación y marchas callejeras para influir en las elecciones para gobernador, la legislatura y las 113 alcaldías.

Si bien la narcopolítica se hace ver en otros estados, en ninguno tiene una presencia tan grande como en Michoacán, donde la campaña electoral ya ha registrado el secuestro de nueve encuestadores, el asesinato a tiros de un alcalde y el retiro de al menos una decena de candidatos por temor al crimen organizado.

Fausto Vallejo, candidato a la gobernación del Partido Revolucionario Institucional, dijo que no le preocupa tanto su seguridad personal como la de los candidatos a alcalde.

"La delincuencia está metiendo las manos en desestimular a candidatos, forzar a que vaya uno solo, y no solo en el PRI, sino en los tres partidos políticos", declaró.

Los comicios del domingo adquieren una dimensión especial si se toma en cuenta que el presidente Calderón nació en Michoacán y lanzó desde este estado su guerra contra los carteles de la droga hace cinco años. Su hermana Luisa María "Cocoa" Calderón está postulada a la gobernación y propone profundizar esa ofensiva.

Es candidata del Partido Acción Nacional, el mismo del presidente, y encabeza la mayoría de las encuestas para la última elección estatal antes de los comicios presidenciales de julio de 2012.

El cartel dominante en Michoacán, el de los Caballeros Templarios, y lo que queda del llamado La Familia, han amenazado a candidatos, presentado candidatos propios y promovido protestas, a veces comprando votos con dádivas.

El PRI, que gobernó el país durante 71 años hasta que fue destronado en las elecciones del 2000, realiza una enérgica campaña para tratar de recuperar la Presidencia el año que viene. Calderón ha acusado al PRI de buscar acuerdos con los cárteles de la droga para garantizar la paz.

Denuncias de que algunos candidatos son narcos disfrazados hicieron que varios aspirantes a cargos públicos solicitasen a fiscales federales cartas corroborando que no tienen antecedentes penales.

Dado que Michoacán produce drogas y es un punto clave en su traslado hacia el norte, los carteles le prestan mucha atención a las elecciones de alcaldes, según el analista político Raymundo Riva Palacio.

"Hace un buen tiempo están en el nivel local, porque aquí entendieron, que es un poco la lógica, que les cuesta menos y les garantiza más tener a niveles locales los políticos, la Policía o tener ciertas áreas bajo su control", expresó.

La penetración de la narcopolítica no alcanza por ahora los niveles que se vieron en Colombia en la década de 1990. Los traficantes colombianos ayudaron a financiar la campaña de 1994 del ex presidente Ernesto Samper y realizaron una ola de asesinatos de jueces y políticos para bloquear una ley de extradiciones.

El 2 de noviembre, el alcalde de La Piedad, Ricardo Guzmán, fue baleado frente a un restaurante de comida rápida, mientras repartía volantes a favor de Luisa María Calderón. Las autoridades investigan la posibilidad de que el atentado haya sido obra del narcotráfico, pero de inmediato cundió el temor y cuatro candidatos a cargos públicos solicitaron más protección.

Quienes conocían al alcalde Guzmán dicen que le hizo frente a los carteles y lo pagó caro. En marzo, desconocidos mataron a tiros al jefe policial de La Piedad José Luis Guerrero, quien había asumido apenas hacía un par de meses antes.

Su sucesor, Miguel Angel Rosas Pérez, fue reclutado de la Policía federal, que está mejor entrenada, y también fue blanco de un atentado. Más de 40 individuos armados llegaron a su unidad en una caravana de 10 vehículos en julio, le dispararon al edificio y lanzaron granadas. Rosas Pérez sobrevivió.

Los alcaldes son protegidos por policías locales -mal pagados y mal equipados- y son muy vulnerables a las presiones de los carteles. A nivel nacional han sido asesinados 25 alcaldes en los últimos cinco años.

El líder estatal del PAN, Germán Tena, dice que seis candidatos de su partido se han retirado de elecciones a alcalde.

"En los seis casos hubo amenazas y advertencias de que no fueran candidatos... (Se retiraron) por temor a la delincuencia organizada o por amenazas", sostuvo Tena.

"La delincuencia está apoyando a candidatos del PRI en algunos municipios y los está protegiendo, los está ayudando, e inhibiendo a nuestros propios candidatos o los del PRD o de otros partidos", añadió. "Están tratando de influir para que la votación se incline hacia los candidatos del PRI".

También renunciaron dos candidatos del Partido Revolucionario Democrático. El líder estatal de esa agrupación Víctor Báez sospecha que se debió a amenazas de los carteles.

"Nos han presentado su renuncia por situaciones personales y de salud. Desde luego, está la versión de que podría haber sido por presión de estos grupos organizados", dijo Báez.

El PRI niega que sus candidatos sean los favoritos de los carteles y, como prueba de ello, Vallejo señala que todos sus candidatos a nivel estatal y municipal tienen cartas corroborando que no tienen antecedentes penales ni investigaciones pendientes.

Pero eso no funcionó en el caso de Saúl Solís Solís, un ex jefe policial de 49 años considerado uno de los principales capos de los Caballeros Templarios.

Solís se postuló al congreso nacional en 2009 por el Partido Verde y terminó cuarto en su distrito a pesar de haber sido acusado de varios ataques a militares y a la Policía federal. En uno de esos ataques, en mayo de 2007, murieron un oficial y cuatro soldados. Pocos meses después se ofreció una recompensa de 1,1 millones de dólares por información que facilitase su captura.

En vista del poder que tienen los carteles, cuesta entender por qué alguien arriesga su vida para ser alcalde en Michoacán.

Cuando el alcalde de Apatzingán fue presionado por periodistas a que respondiese a preguntas sobre una serie de secuestros en el pueblo, se derrumbó emocionalmente.

"Me dan ganas de irme, de renunciar a este trabajo, porque yo no estoy hecho para esto. No puedo garantizar la seguridad de todos, no puedo asegurar siquiera la de mis hijos, que también corren peligro", declaró el alcalde Genaro Guízar en una entrevista con el canal de televisión Milenio.

En 2009, Julio César Godoy Toscano, un supuesto aliado de un cartel local de Michoacán, ganó una banca en el Congreso nacional, pero fue expulsado tras circular grabaciones en las que alguien que se supone que es él hablaba con el entonces líder de La Familia, Salvador Gómez, "La Tuta".

Godoy Toscano está prófugo luego de ser acusado de colaborar en el tráfico de drogas y el lavado de dinero y La Tuta fundó los Caballeros Templarios, que han reemplazado prácticamente a La Familia.

Godoy Toscano es medio hermano del actual gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, lo que alimenta las sospechas de que los carteles tienen influencias en el manejo del estado, aunque el gobernador dice que rara vez ve a su hermano y que lo instó a que se entregue.

Los esfuerzos por arrestar a narcopolíticos de Michoacán han sido un desastre. En 2009, los fiscales dispusieron la detención de 12 alcaldes michoacanos y de otros 23 funcionarios locales y estatales bajo sospecha de que amparaban a La Familia. Para abril, todos habían sido exonerados. Los fiscales acusaron a un juez de haber actuado irregularmente en la exoneración de uno de ellos, pero los alcaldes dicen que las acusaciones eran débiles y a menudo basadas en lo que dijo un solo informante.

El ciudadano común no avizora muchos avances en la lucha contra la narcopolítica en Michoacán. "¿Más seguros? Cada vez nos sentimos más inseguros, pero no podemos hablar de eso, porque siempre están escuchando", expresó un mecánico llamado Josué en un pequeño restaurante de Maravatío, localidad agrícola del este de Michoacán.

"Nos sentimos un poco mejor cuando están los del ejército o los (policías) federales. Si no fueran por ellos estaríamos a merced de estos tipos", dijo Josué, quien no quiso dar su nombre completo por temor a represalias.

Los Caballeros Templarios, un cartel seudorreligioso especializado en el tráfico de metanfetaminas, está experimentando distintas formas de ganar control político y social.

En remotos pueblos de montaña como Arteaga, de donde es oriundo "La Tuta", el traficante es una figura popular. Los residentes dicen que este ex maestro de primaria es un individuo humilde, derecho, que lucía huaraches y prestaba dinero si un familiar necesitaba atención médica.

En focos de intensa actividad del narcotráfico como Apatzingán, el cartel es tan fuerte que ha realizado marchas con la participación de cientos de personas que exigen el retiro de la Policía federal. Algunos de los participantes pintaron consignas como "Templarios 100%" en sus ropas. Las marchas fueron convocadas para protestar supuestos abusos de las fuerzas federales contra la población local, incluidos tiroteos y revisiones injustificadas.

El general Manuel García, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, afirmó que los carteles pagaron a la gente para que protestase.

Y si están dispuestos a pagar para que participen en marchas -García dice que el cartel controla a la gente "ya sea por dinero o por miedo"- también podrían estar dispuestos a pagar u ordenar a la gente que vote por determinado candidato.