Conocemos muy bien el sistemático fracaso de muchos de nuestros estudiantes en la educación pública. La organización Latinos a Favor de la Reforma de la Educación se dedica a ayudar a todos los niños a inscribirse, tener éxito y graduarse de la universidad.

Pero la educación desde el jardín de infantes hasta el grado 12 se desperdicia totalmente si quienes se gradúan de la escuela secundaria, incluyendo los indocumentados, no pueden afrontar el costo de la universidad. Los documentos que le tendríamos que pedir a los estudiantes indocumentados no son las pruebas de residencia, sino los diplomas universitarios.

El proyecto de ley SB12-15, conocido como Colorado ASSET (Estudiantes Avanzando hacia un Mañana con una Economía Más Fuerte en inglés), fue debatido el 10 de febrero en el Senado de Colorado. Este proyecto permitiría que graduados indocumentados de escuelas secundarias asistan a la universidad, pero pagando un 40 por ciento más que los residentes legales en el estado. Esta propuesta no le cuesta ni un centavo al fisco estatal.

Es un proyecto que merece ser debatido por la Cámara de Representantes en pleno, y merece que lo aprueben.

Tener un título universitario es cada vez más necesario para la vida profesional y cívica. Los graduados de la universidad tienen más oportunidades de trabajo y salarios más altos. Los graduados universitarios son más activos en sus comunidades. Disfrutan de mejor salud y usan menos servicios sociales.

Contribuyen más al fisco y mejoran considerablemente su situación económica. Los graduados universitarios realizan el sueño de nuestra democracia.

La comunidad latina puede ser uno de los motores para la continua prosperidad e innovación, logros que forman el centro de los ideales cívicos de nuestro país. Los latinos quieren formar, construir y liderar instituciones que cumplan las promesas de la sociedad democrática, pero que no los marginen. Para alcanzar esas metas, necesitamos las mismas oportunidades que otros tienen. No podemos, ni pueden nuestros hijos, alcanzar esas metas sin tener oportunidades equitativas de estudios universitarios.

Los hijos de indocumentados no deben pagar por los pecados de sus padres ni por los problemas de un sistema inmigratorio disfuncional. Los estudiantes indocumentados no eligieron entrar al país ilegalmente. Ellos no tomaron la decisión de venir a Estados Unidos. Alguien tomó esa decisión por ellos. Negarles a esos estudiantes la oportunidad de ir a la universidad en las mismas condiciones económicas que sus compañeros (es decir, castigarlos por algo que ellos no decidieron) socava los valores de la responsabilidad personal y de la meritocracia individual que son el núcleo mismo de nuestra sociedad.

En 1876, los legisladores de Colorado reconocieron la importancia de la Universidad cuando establecieron la Universidad de Colorado, la Colorado School of Mines y el Colegio de Agricultura de Colorado, ahora Universidad Estatal de Colorado. Ellos vieron que la educación es la manera por la que los residentes pueden lograr una mayor prosperidad y participación cívica.

Al crear esas universidades, los legisladores afirmaron que las oportunidades económicas se determinan por la habilidad y el logro de las personas, no por clases sociales o circunstancias. Pedimos que los legisladores de hoy honren esos valores. Como fue antes, así debe ser hoy también.

Los estudiantes indocumenta-dos son con frecuencias personas destacadas en la comunidad latina. No se los puede apagar, sino que deben brillar.