CARACAS- Un tribunal local emitió una medida cautelar que obliga a los medios de comunicación a que las noticias sobre la presunta contaminación de aguas incluyan informes técnicos avalados por un organismo gubernamental.

La Fiscalía General dijo en un comunicado que la medida exige a los medios que "actúen con extrema responsabilidad en la difusión de información relacionada con la presunta contaminación del agua en el país destinada al consumo humano".

Debe "contar con el debido soporte técnico veraz avalado por un organismo competente", señaló.

La decisión fue rechazada por periodistas y dirigentes sindicales que consideraron la medida como violatoria del derecho a la libertad de expresión.

La medida fue aprobada la víspera por un tribunal en medio de la polémica desatada por las denuncias que han difundido medios locales sobre la supuesta contaminación de algunos ríos y un lago que alimentan las plantas de tratamiento de aguas en el centro y oriente del país.

El tribunal emitió la medida cautelar a solicitud del Ministerio Público.

En declaraciones a la televisora estatal la fiscal general Luisa Ortega Díaz descartó que la acción esté dirigida a cercenar el derecho a la comunicación, y afirmó que buscan que haya "información veraz, fluida y cierta" en el caso. Afirmó que no pretenden tomar acciones contra los medios, pero que esperan que estos "cumplan con su responsabilidad y labor".

Para el candidato presidencial de la oposición para los comicios de octubre, Henrique Capriles, "el problema de la contaminación no se resuelve generando decisiones en los tribunales para tapar las denuncias que hace la comunidad... Lo peor que usted puede hacer es tratar de tapar la información".

Instó al gobierno a "hacer todas las pruebas, y si el agua está contaminada usted le tiene que decir al pueblo que el agua está contaminada y que usted va hacer todo lo que tenga que hacer para acabar con la contaminación".

El Colegio Nacional Periodistas denunció el jueves en un comunicado que en Venezuela se pretende instaurar "una campaña de silenciamiento" y se quiere "desviar" la atención de los problemas del país hacia la actuación de los medios para "generar censura e imponer una agenda informativa alineada".

Asimismo, opinó que la medida del tribunal busca "silenciar las críticas a la gestión ambiental del gobierno", e hizo un llamado a los periodistas venezolanos a que prioricen el interés del pueblo sobre "la coacción ejercida desde las alturas del poder".

Para el Colegio, "es necesario que el gobierno nacional asuma seriamente sus responsabilidades y dé respuesta oportuna y veraz a las quejas y preocupaciones de los ciudadanos, y no que pretenda que los periodistas nos convirtamos en meros voceros de las autoridades".

Reporteros sin Fronteras afirmó en un comunicado que se trata de un "acto de censura pura y simple, motivado políticamente".

La organización agregó que la medida es "discutible sobre el fondo e inoportuna, esta decisión legal no puede sino contribuir al deterioro del clima político y mediático preelectoral".

Diarios y televisoras locales han difundido denuncias hechas por gobernadores opositores, ambientalistas y técnicos independientes que aseguran que están contaminados algunos ríos y un lago que alimentan las plantas de tratamiento de aguas en el centro y oriente del país.

Las autoridades han rechazado reiteradamente las denuncias de contaminación de las aguas.

Ortega Díaz informó que se abrió una investigación sobre las denuncias de presuntas aguas contaminadas por solicitud de tres ciudadanos que se quejaron del manejo informativo del caso.