Un controversial plan ordenado por la corte para servir a estudiantes que no hablan inglés en las Escuelas Públicas de Denver (DPS, en inglés) ha experimentado su mayor revisión desde 1999, con todas las partes interesadas cooperando a niveles sin precedentes.

Si un juez federal lo aprueba, el decreto modificado de consentimiento obligará a implementar nuevas normas para enseñarles a los más de 36.000 estudiantes que están aprendiendo inglés a la vez que también progresan en contenido académico.

"No ha sido fácil todos estos años. En el pasado, hemos sido adversarios", dijo Martha M. Urioste, miembro del Congreso de Educadores Hispanos (CHE), que presentó la demanda original. "Cuando uno piensa desde hace cuántos años estamos haciendo esto, esta es una victoria inmensa y que da optimismo".

Los cambios propuestos se implementarán paulatinamente durante los próximos tres años e incluyen capacitación para maestros, ubicación estudiantil, exámenes al final del ciclo, comunicación con los padres y supervisión. Además, en 2015, se completará un estudio sobre la efectividad del programa.

El juez federal de distrito Richard Matsch, que supervisa el caso desde que comenzó en 1984, presidió una audiencia sobre el tema el viernes 16 de noviembre. DPS, CHE y el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidieron en conjunto que la corte apruebe el nuevo plan.

Matsch dialogó con los abogados de ambos lados. Se espera que haya otras audiencias antes de un fallo definitivo.

La batalla legal sobre cómo DPS debería responder a los estudiantes que no hablan inglés como idioma natal comenzó en 1974 como parte del proceso de eliminación de la segregación escolar. Diez años después, la corte dio a conocer el acuerdo judicial que ahora está siendo revisado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos intervino en 1999 y las tres partes involucradas indicaron en ese entonces que se necesitaba actualizar el decreto de 1984. Luego de un intenso debate sobre cómo debería enseñarse el inglés, se llegó a un acuerdo por el que los estudiantes aprenderían inglés en clases transicionales dictadas en su idioma natal, pero sin descuidar el contenido académico correspondiente.

"Si queremos asegurarnos que todos los estudiantes estén listos para ir a la universidad, sin importar el idioma que hablen, entonces debemos asegurarnos que asistan a clases rigurosas de matemáticas y ciencia", dijo Susana Cordova, directora académica de DPS. "Generalmente, aprender inglés es sólo uno de los elementos necesarios para llegar a un nivel académico superior".

Una de las razones que impulsó a la reciente cooperación entre DPS, CHE y el Departamento de Justicia federal es el creciente número de estudiantes que no hablan inglés y a los que ya no se puede marginalizar, dijo Heather Riley, expresidente de la Asociación de Colorado por la Educación Bilingüe (CABE).

En la actualidad, más de la tercera parte de los poco más de 76.000 estudiantes de DPS están aprendiendo inglés.

"Se trata de un número grande que no puede mantenerse aislado. Ya no se trata de la responsabilidad de un solo departamento o de un maestro o de una escuela", dijo Riley. "Se ha llegado a un punto en el que todos deben prestar atención".

El decreto de acuerdo, un documento de 54 páginas, se aplicará a todos los estudiantes aprendiendo inglés en le distrito. De ellos, el 87 por ciento son hispanoparlantes.

En 2015, DPS podría pedirle a la corte que el decreto quede sin efecto. Pero no todos están de acuerdo que la corte deje de supervisar el tema.

"Es una manera de respaldar a la gente que quiere hacer algo bueno por los niños", dijo Kathy Escamilla, profesora de educación de la Universidad de Colorado en Boulder y miembro de CHE. "Garantiza que los derechos de los niños se antepondrán a cualquier capricho de los nuevos líderes que podemos tener".

"De aquí al 2015 mucho puede cambiar".