WASHINGTON - Una coalición de 25 organizaciones nacionales lanzó una campaña publicitaria radial en español y movilizaciones en seis estados para presionar a congresistas para que aprueben una reforma migratoria.

Sue Chinn, directora de la Alianza por la Ciudadanía, sostuvo que la organización realizará eventos en Nueva York, Arizona, Nevada, Florida, Texas, Colorado y Nueva Jersey para expresar a los ocho senadores que trabajan en una propuesta bipartidista la necesidad de ofrecerles a los inmigrantes indocumentados una vía clara de naturalización.

Eliseo Medina, tesorero del Sindicato Internacional de los Empleados de Servicios, dijo que la publicidad radial fue lanzada en todo el país.

"Esta semana, mientras los

Colorado State Representative Crisanta Duran hugs high school student Cesiah Trejo, after Trejo spoke at a news conference and rally presenting a bill that could make the children of illegal immigrants eligible for in-state tuition, at the State Capitol in Denver, Tuesday, Jan. 15, 2013. (AP Photo/Brennan Linsley) (Brennan Linsley)
congresistas están en sus estados debido al receso legislativo, nos escucharán sobre el terreno y en el aire", indicó Medina.

La Alianza por la Ciudadanía agrupa a organizaciones como el Consejo Nacional de la Raza, la central sindical AFL-CIO y la Asociación Nacional de Abogados Migratorios.

Otra alianza de líderes religiosos, empresariales y policiales de Texas presentaron una declaración de principios migratorios.

Michael Nichols, de la organización Global Jewish Advocacy, escribió en el diario Houston Chronicle que "la mayoría de los texanos en el Congreso están silenciosos sobreinmigración, hostiles a cualquier cambio, o se ocultan tras el 'tema de la seguridad fronteriza'''.

Coaliciones similares en Utah, Iowa y Colorado han declarado los principios que según ellos deberían guiar una reforma migratoria.

The Southern Poverty Law Center advirtió que cualquier reforma migratoria debe abolir el programa actual de trabajadores temporales -conocido como H-2- porque permite la explotación de los trabajadores extranjeros.

En un informe The Southern Poverty Law Center dijo que los 106 mil extranjeros que ingresaron a Estados Unidos con el programa H-2 en 2011 "son explotados sistemáticamente" y están obligados a trabajar para el patrón que los trae.

"Si los trabajadores invitados se quejan de los abusos, enfrentan deportaciones, inclusión en listas negras u otras sanciones", señaló el reporte, que recomienda otorgar a los extranjeros participantes la posibilidad de cambiar de patrón, optar a la residencia permanente junto a sus familias y crear una comisión dedicada específicamente a supervisar sus derechos laborales.

El Centro de los Derechos del Migrante y la facultad de Derecho de la American University emitieron denuncias similares a un programa derivado del H-2, el H-2B, que capta extranjeros para trabajar en ferias y parques de atracciones itinerantes.

Ambas organizaciones exhortaron al Congreso a incluir en una reforma migratoria protecciones para los trabajadores con visa H-2B que denuncien abusos frecuentes, tales como tener que pagar para gestionar las visas, salarios y sobretiempo menores a los mínimos establecidos por el gobierno federal; ausencia de servicios médicos y legales, viviendas en mal estado y condiciones laborales peligrosas.